La Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocó el embargo preventivo de más de 8 millones a la Universidad Nacional de Salta, en concepto de licencias correspondientes a 264 días y costas judiciales, que reclama el exrector Víctor Claros. De este modo, la Cámara hizo lugar a un pedido de nulidad presentado por el actual rector, Daniel Hoyos.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la UNSa, Sebastián Aguirre Astigueta, explicó esta resolución judicial en la última sesión del Consejo Superior. "No correspondía tomar esta medida de embargo afectando el presupuesto universitario" y ahora pudieron "recuperar" esos fondos que habían quedado inmovilizados, dijo. También consideró que el embargo preventivo no correspondía que se aplicara a una institución pública, porque en este caso "no hay modo de que incurra en insolvencia".

La UNSa apeló la medida cautelar dispuesta en primera instancia por el juez federal Julio Bavio, quien dispuso el embargo de $8.370.896, en concepto de capital, por el reclamo de Claros por vacaciones no gozadas, más costas judiciales calculadas en $334.835,85.

En la misma sentencia cautelar en la que concedió el embargo solicitado por Claros, Bavio había dispuesto además la suspensión de las resoluciones del Consejo Superior de la UNSa que autorizaban el pago de los 264 días de licencia. La Cámara Federal señaló que ambas sentencias cautelares del juez "son contradictorias entre sí", y que "no pueden ser verosímiles ambos derechos al mismo tiempo".

El litigio judicial surgió porque entre 2021 y 2022, el Consejo Superior aprobó dos resoluciones autorizando el pago millonario solicitado por el exrector.

El actual rector Daniel Hoyos y su equipo analizaron que la cifra demandada por Claros no era la que correspondía, y por ello se negó a pagarla y acudió a la vía judicial, con "una demanda de lesividad" solicitando que se declare la nulidad de las resoluciones del Consejo Superior 437/21 y 300/22. Allí planteó que el Consejo Superior reconoció a Claros "derechos que no le corresponderían".

Por otro lado, Claros también recurrió a la justicia el 8 de septiembre de 2022, ante la falta del pago que autorizó el Consejo, y solicitó el dictado de "una medida autosatisfactiva o como mejor proceda a derecho", para que se ordenara la UNSa cumplir con el pago de la liquidación final de haberes dispuesta a su favor.

Estos dos expedientes se acumularon en una sola causa que tramita el juez Bavio. Aunque por ahora la UNSa recuperó el dinero embargado, el proceso judicial sigue.

Aguirre Astigueta recalcó que la UNSa ya le pagó al exrector haberes correspondientes a 64 días, que es la cifra que, según sus informes, debía cobrar en concepto de vacaciones de los años 2020, 2021 y 2022, junto a su sueldo complementario.